Reducción de la pobreza y las desigualdades territoriales
UNICEF trabaja para que cada niño, niña y adolescente se beneficie de un marco de protección social con financiamiento adecuado y de políticas públicas y sistemas de monitoreo y evaluación de calidad que contribuyan a reducir la pobreza.
Desafío
Los niños, niñas y adolescentes se enfrentan a numerosos desafíos en la Argentina. A causa de los efectos de la crisis económica, agravados por la pandemia de la COVID-19, en el segundo semestre de 2020 la pobreza monetaria alcanzó su número más alto desde 2006: 42%. Para los niños, niñas y adolescentes esa proporción ascendía al 58%. Aunque para el segundo semestre de 2021 estos valores bajaron a 37,3% y 51,8%, al segundo semestre 2022 volvieron a subir a 39,2% y 54,6%, respectivamente.
La persistencia de niveles elevados de pobreza en la infancia y adolescencia es un problema en Argentina hace décadas: desde la vuelta a la democracia el país no ha logrado perforar un piso del 30%. Pero, además, la pobreza es más que la falta de ingresos. Cuando se toman en cuenta otras privaciones no monetarias (como aquellas referidas a educación, protección social, vivienda adecuada, saneamiento y servicios básicos) se observa que al primer semestre de 2022 42,5% de los chicos y chicas eran pobres, al verse privados en el ejercicio de al menos un derecho fundamental.
Los sistemas de protección social son una de las herramientas centrales para mitigar y revertir las situaciones de pobreza. En Argentina, pese a los esfuerzos realizados, aún no se ha logrado la cobertura universal. En particular, en 2022 el 10% de los niñas, niños y adolescentes no contaban con ninguna cobertura de protección de ingresos. Es, además, un sistema fragmentado (entre prestaciones contributivas, no contributivas y deducciones impositivas), con exigencias y capacidad de protección diferentes.
Cuando se toman en cuenta otras privaciones no monetarias (como aquellas referidas a educación, protección social, vivienda adecuada, saneamiento y servicios básicos) se observa que al primer semestre de 2022 42,5% de los chicos y chicas eran pobres, al verse privados en el ejercicio de al menos un derecho fundamental.
La inversión social dirigida a la niñez realizada por el gobierno nacional y las provincias da cuenta del esfuerzo presupuestario del Estado argentino para revertir esta situación y asegurar la garantía de derechos de los niños y niñas en el país. En los últimos 20 años, se observa una tendencia creciente de esta inversión promediando 6,8% del PIB. La mayor parte de esta inversión (el 75%) es implementada por las provincias, quienes financian dos terceras partes. El tercio restante es financiado por el gobierno nacional a través de transferencias presupuestarias a los gobiernos provinciales o la implementación directa de políticas nacionales en el territorio. Los niveles de pobreza actuales y las brechas persistentes en términos de equidad indican que todavía es necesario multiplicar los esfuerzos para proteger y ampliar los niveles de inversión dirigida a la niñez.
Asimismo, la incidencia de la pobreza se distribuye de forma desigual a lo largo de todo el territorio nacional. En particular, el lugar de nacimiento de un niño o niña incide en sus probabilidades de ser pobre. Un 10% de los municipios de más de 500.000 habitantes (que concentran 9,3 millones de niños, niñas y adolescentes) contiene al 70% de los niños y adolescentes en situación de pobreza, muchos de los cuales viven en asentamientos informales sin acceso a servicios básicos. Los gobiernos locales varían en sus competencias y recursos para garantizar el ejercicio de los derechos de los niños y niñas. Estas diferencias plantean un escenario desigual. La capacidad de los gobiernos provinciales y del gobierno nacional para compensar esta situación es insuficiente.
Finalmente, existen desafíos en torno a la generación de evidencia y su utilización para asegurar el ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes. Se observan vacíos de información sobre poblaciones vulnerables y carencia de sistemas de información y monitoreo intersectoriales para la implementación de políticas basadas en evidencia.
Solución
La pobreza en la niñez y adolescencia es un problema estructural, pero erradicable. Para contribuir en este sentido, apoyamos a los diferentes niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal) a fin de garantizar que los niños, niñas y adolescentes que viven en situación de pobreza multidimensional gocen de un sistema de protección social y de un modelo de incentivos municipales y provinciales orientados a reducir la pobreza y garantizar sus derechos de manera integral y equitativa.
La pobreza en la niñez y adolescencia es un problema estructural, pero erradicable.
Para lograr este resultado, trabajamos con las autoridades nacionales, provinciales y municipales, así como con organizaciones comunitarias, de la sociedad civil y la academia para:
a) contribuir en el diseño e implementación de políticas y programas basados en evidencia dirigidos a la universalización del sistema de protección social para la niñez y la adolescencia, la reducción de inequidades y el incremento de su capacidad de protección para asegurar la erradicación de la indigencia y la mitigación de la pobreza en la niñez;
b) apoyar la gestión de políticas y servicios públicos para la infancia en las comunidades y los territorios, especialmente en los más rezagados, a través de la iniciativa MUNA (Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia);
c) fomentar y proteger la inversión pública dirigida a los niños, niñas y adolescentes, sobre todo a los que viven en situación de pobreza y vulnerabilidad;
d) generar evidencia para informar la toma de decisiones de política pública y promover el desarrollo y uso de sistemas de información, evaluaciones e instrumentos para monitorear el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes con una perspectiva intersectorial y multidimensional.
Recursos
