Justicia y protección de la infancia
Trabajamos para garantizar un sistema de Garantías que enfrente la protección de los derechos de los niños de manera integral.
Desafíos
Para hacer efectivo los derechos de los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados o están en conflicto con la ley, se requiere la prestación de servicios que aseguren progresivamente la protección, restitución y reparación de sus derechos, así como la reinserción social de los adolescentes con responsabilidad penal.
Según registros del SENAME, a octubre de 2019, 187.825 niños/as y adolescentes fueron atendidos en este servicio, porque sus derechos fueron vulnerados. De éstos, 7.284 (3,8%) fueron internados en residencias del SENAME u organismos colaboradores, y 9.427 (5%) quedaron en cuidado alternativo con familias de acogida. Ingresar a los niños en residencias debe ser la última medida, por el menor tiempo posible y siempre con miras a su pronta reintegración familiar.
Para proteger, restituir y reparar los derechos de niños, niñas y adolescentes, es necesario trabajar con las familias, tanto para prevenir vulneraciones, así como lograr superar las situaciones que impiden a estas ejercer su rol protector.
Tras más de una década de vigencia de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (20.084), hay un reconocimiento transversal sobre la necesidad de mejorarla, promoviendo la especialización de todos los actores involucrados en el sistema de justicia juvenil, y generando mecanismos de prevención del delito que contribuyan a disminuir la tasa de comisión de ilícitos y programas de reinserción que consideren a las familias.
Según diversos estudios, más del 70% de los adolescentes que pasa por el sistema penal no vuelven a cometer delitos. Solo cerca de un 8% presentan multireincidencia. Se trata de un grupo acotado, sobre el cual se deben enfocar los esfuerzos de reinserción. Es necesario intensificar la rehabilitación y reinserción para alcanzar los propósitos de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
Solución
El país necesita un Sistema de Garantías que enfrente la protección de los derechos de los niños de manera integral, considerando políticas, instituciones y normas que se requieren para respetar, promover, proteger y realizar los derechos de la niñez y adolescencia. Además, se necesitan políticas públicas que aseguren a las familias condiciones socioeconómicas suficientes para que puedan cumplir con su rol protector.
En el ámbito de la vulneración de derechos, es necesario establecer un nuevo servicio de protección especializado, actualmente en discusión en el Congreso Nacional, diseñado en base a la Convención sobre los Derechos del Niño y con altos estándares de calidad, que pueda proveer de protección especializada a los niños que han sido gravemente vulnerados en sus derechos (situaciones que son constitutivas de delito).
Asimismo, es recomendable establecer mecanismos de coordinación efectivos entre la oferta programática de protección especializada y la de protección social dirigida a las familias, de manera de asegurar a todos los niños/as que están con cualquier medida de protección especializada - cuidado alternativo familiar, residencial, en proceso de revinculación familiar y en programas de protección especializados - el acceso a todas las prestaciones de protección social.
Adicionalmente, se requiere reformular el cuidado alternativo residencial para reducir la masividad de niños y niñas en residencias y hacer efectiva la protección y el buen trato en estas. Para ello es necesario fortalecer el trabajo con las familias de estos niños y niñas, de manera que puedan superar las vulneraciones y reunificarse con sus hijos e hijas, asegurándoles su derecho a vivir en familia. UNICEF se encuentra apoyando esta reformulación para concretar el cierre de los CREAD para el año 2021 y consolidar el funcionamiento de las nuevas residencias familiares. Además, para contribuir que niños/as y adolescentes se desarrollen en una familia, está colaborando con el rediseño de los programas de familias de acogida, con el diseño del programa de revinculación familiar para la desinternación de niños y niñas de 0 a 8 años, y con el rediseño de los programas ambulatorios para mejorar su efectividad y lograr que no sean separados de sus familias.
Para disminuir los índices de violencia, UNICEF apoya en la articulación de diversos actores institucionales para avanzar en la implementación de acciones comprometidas en el Plan de Acción de la Niñez y Adolescencia 2018 – 2025. En esta línea, se requiere también un compromiso transversal para trabajar coordinadamente estos índices que los niños y niñas y adolescentes enfrentan en distintos ámbitos de su vida (familiar, escolar, institucional, entre pares).
En el ámbito de la responsabilidad penal adolescente, se requiere establecer un nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil especializado, actualmente en discusión en el Congreso Nacional, que coordine y entregue una oferta programática orientada a la efectiva reinserción social y a la promoción de conductas que permitan a los adolescentes desistir de la comisión de delitos.
Asimismo, se deben mejorar las condiciones de los centros de privación de libertad de los adolescentes, en cuanto a infraestructura y condiciones de habitabilidad y también respecto de la supervisión en la aplicación de los programas que se brindan al interior de los mismos. También, es importante desarrollar un proceso de especialización de las distintas instituciones que tienen un rol en el área de la justicia penal.
La labor de UNICEF está orientada a apoyar la creación del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, la especialización de los actores del sistema y la supervisión efectiva de las condiciones de vida de los adolescentes que están privados de libertad, a través de las Comisiones Interinstitucionales de Supervisión de Centros Privativos de Libertad (CISC).
También está trabajando con el Poder Judicial para fortalecer el rol de los jueces en la determinación del interés superior del niño en materia de familia y en los tribunales con competencia en materia penal.
Adicionalmente, UNICEF está apoyando la instalación de la Defensoría de la Niñez en la realización de su rol de defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, especialmente de los más vulnerables.
Recursos
Vivir en familia es un derecho
Chile y Uruguay son países considerados de ingresos altos, con indicadores sociales similares, y condiciones adecuadas para implementar políticas de prevención, atención y restitución para todos los niños, niñas y adolescentes, en particular para los que están amenazados y/o vulnerados en sus derechos, principalmente los que están privados temporalmente de cuidado parental viviendo en centros de cuidado residencial.
En este escenario, UNICEF organizó este Seminario Internacional con objetivo de identificar, desarrollar y discutir propuestas de soluciones y nuevos modelos para enfrentar los desafíos y avanzar progresivamente en la desinternación de niños, niñas y adolescentes en cuidado residencial, asegurando así su derecho a vivir en familia.